En estas vísperas a las candidaturas para las elecciones presidenciales 2011- 2016, el tema de la descentralización es el silencio incómodo de los discursos, casi una palabra tabú. La nefasta gestión del canon minero y la pobreza de visión ejecutiva de los más de 2000 gobiernos locales a lo largo y ancho del país hacen manifiesto el camino sin salida en que la descentralización desordenada y pasional nos ha dejado. Evidentemente, la justa carga negativa alrededor del histórico centralismo peruano hace que hablar sobre una marcha atrás suene a oligarquía, más aún en un ámbito electoral de cuya mezquindad ningún candidato se salva. Pues bien, impera reflexionar sobre la descentralización a profundidad para entender en qué se ha fallado, y más importante aún, cuál es el reto para el siguiente presidente de la república.
La descentralización ha sido y es vista como un fin en sí mismo. Se ha vuelto una bandera cuya mención oportuna toma provecho de las heridas del pueblo peruano, cuando en realidad defiende una máxima tautológica: “descentralizar por descentralizar”. Gracias a este apasionamiento el Perú está fraccionado en veintiséis gobiernos regionales y miles de gobiernos locales con funcionarios mal capacitados y en ocasiones con ideas separatistas. Gracias a nuestra prisa por cambiar la historia del Perú de un solo viaje tenemos un aparato estatal inmenso e ineficiente, en donde todos quieren su tajada y nadie está dispuesto a ceder poder.
¿Qué es, entonces, descentralización? No es un fin en sí mismo, sino un medio para la integración nacional. La descentralización es un proceso sano, justo y necesario que ha sido siempre requerido en el país; sin embargo, solo tiene sentido en tanto hace del país una unidad, para lo cual debe ser pensado y aplicado con criterios técnicos y con objetivos claros. Es, podríamos decir, la contracara de la reforma del Estado de la que tanto se habla. Claramente, no tiene ningún sentido extender apresuradamente un sistema estatal si es que el centro de ese sistema (dígase congreso, poder judicial, entre otros) necesita ser reformado con urgencia. Es así que debe entenderse que la reforma del Estado y la descentralización son solo medios que no tienen sentido en sí mismos y que, más importante aún, no sirven uno sin el otro en simultaneidad.
Entonces, pues, ¿en dónde recae la mayor responsabilidad del nuevo mandatario? Si de integración nacional se trata, la respuesta innegable es la organización política del Perú en macroregiones. Se suele extender la premisa de que el Perú es un país rico y diverso a que sus mismas formas de buscar el desarrollo sean “ricas y diversas”; es decir, que sea naturalmente ingobernable. Basta con estudiar la organización regional de países más eficientes para dar cuenta de que veintiséis gobiernos regionales son demasiados. Las regiones deben ser pocas, estratégicamente agrupadas y transversales, para continuar la lógica del control ecológico de pisos altitudinales de nuestros antepasados prehispánicos. La macroregionalización es imprescindible no solo porque reduce la complejidad de los procesos ejecutivos, sino porque expresa la complejidad geográfica y cultural de un país en un plan de trabajo fácilmente concertado, justo y descentralizado.
No hablemos en función del camino más corto y apetecible. No hablemos con la rabia en la boca. Hablemos trazando los pasos claros para llegar a nuestro objetivo de ser un país integrado como nación. La senda de la macroregionalización es difícil y ha tenido ya un fracaso en el gobierno de Alejandro Toledo. Esta vez tiene que ser distinta y todos estamos llamados a ser partícipes de ella. La pasión que debe primar es la pasión por ver a nuestra patria unida.
Grupo Perú Futuro
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